ACUERDO DE LA HABANA SOBRE LA RURALIDAD

Lo principal del Acuerdo de la Habana, es que abre la puerta para la terminación de la guerra civil en Colombia después de más de cinco décadas de su inicio. Los hombres y mujeres colombianos menores de 60 años no han vivido un día en su país sin enfrentamiento entre ejércitos organizados del Estado y la guerrilla y/o grupos paramilitares que desafiaban al Estado. Con este acuerdo, en Colombia se da un paso muy grande hacia el cumplimiento de la condición de los estados democráticos  de que las armas y el cobro de los impuestos sean un monopolio del Estado, que se encarga de garantizar la convivencia pacífica. Se da un paso para que el Estado entre a controlar todo el territorio nacional y la sociedad tenga la oportunidad de que sus conflictos, por graves que sean, se diriman de manera pacífica, sin intervención de actores armados que se han entrometido en todo tipo de conflictos sociales y políticos transformándolos en violentos.

El conflicto en torno a la cuestión agraria fue el principal detonador del conflicto armado. Productores campesinos  se armaron contra el Estado porque estaban siendo excluidos y expropiados y se ejercía violencia oficial y privada contra ellos. Las Farc se formaron en este movimiento.  Por ello uno de los núcleos esenciales del Acuerdo de la Habana es que el Estado se  compromete a incluir a los campesinos en la vida económica, social y política del país, a eliminar el sesgo anti campesino que ha caracterizado las políticas agrarias colombianas y se compromete a convertir a los productores del campo en ciudadanos de primera categoría, con el mismo derecho al nivel de desarrollo humano que tienen los habitantes urbanos.

El campo cuenta con un sector de productores campesinos muy experimentados en la producción de alimentos, tanto que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Paisaje Cultural Cafetero. El Acuerdo en torno a la reforma rural integral y al desarrollo rural integral daría la oportunidad a estos compatriotas de desarrollar todas sus potencialidades productivas y humanas para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y a la grandeza del país, porque  Colombia se puede convertir en una potencia mundial en la producción de alimentos que el mundo tanto necesita. Tiene todos los recursos necesarios para serlo.

La propiedad ha sido muy precaria en el área rural y, como se sabe, la indefinición de los  derechos de propiedad ha sido siempre un obstáculo para el desarrollo del mercado y un incentivo muy poderoso a la expropiación por la violencia. La propiedad bien definida es el principal incentivo para la inversión y disuade a los expropiadores. Por ello la formalización de toda la propiedad campesina incluida en el Acuerdo le puede dar un formidable impulso al desarrollo rural y brindar mayores garantías de seguridad a los pequeños y medianos propietarios campesinos.

El Acuerdo también incluye la actualización del catastro rural, una medida indispensable para que los municipios aumenten su esfuerzo fiscal y puedan cumplir su obligación constitucional de garantizar la equidad y la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes. Colombia está atravesando por una fase de construcción de grandes obras de infraestructura y de expansión urbana que transforman el modelo de ocupación en todo el territorio nacional. La actualización catastral es indispensable para que el Estado en los niveles pueda utilizar la plusvalía que produce su inversión para financiar las cargas públicas que generan todos los cambios de usos del suelo.

Este Acuerdo hay que apoyarlo porque permite terminar el conflicto armado y porque crea nuevas y excelentes oportunidades de desarrollo.

Investigador Social en temas tales como Economía Social y Laboral, Economía Regional, Minería, Director de la Corporación Conciudadanía. Experto en Construcción de Paz. Autor del libro: “De señores de la tierra a señores de las minas”.
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