Comuna 13, vuelve y juega

 

No sé cuántas veces han anunciado las autoridades acciones “para recuperar la Comuna 13”. Con ese argumento se produjeron las operaciones militares del año 2002, entre ellas la Operación Orión en octubre de ese año. Luego, se supone que tuvieron que volver las autoridades en 2005, en atención a lo que consideraron una “inexplicable” consolidación post Orión de los grupos paramilitares entre 2002 y 2005; luego, otra vez, en 2008 por los enfrentamientos entre las facciones de Valenciano y Sebastián; y, de nuevo, en 2013 por las confrontaciones entre Urabeños y Oficina de Envigado; y, ahora, vuelve y juega. Las autoridades anuncian con bombos y platillos que esta vez sí van a recuperar este territorio del control de grupos armados que se están enfrentando, en una zona en la cual viven cerca de 140.000 personas[i], a sólo 15 minutos del Centro Administrativo Municipal La Alpujarra.

 

¿Cuáles son las razones que explican este cíclico esfuerzo fallido de las autoridades para recuperar y hacer una presencia estable y permanente en la comuna 13? En primer lugar, esta comuna no es una excepción en la ciudad, sino que es el reflejo de lo que se vive en la mayoría del territorio de la capital antioqueña en el cual se encuentran ubicadas centenares de agrupaciones armadas que han aprendido a convivir de manera no antagónica con la presencia institucional. Lo que sucede es que la existencia de estos grupos es visible sólo cuando se producen reacomodos del mundo criminal. Pero, en el resto de la ciudad, la ausencia de confrontaciones no se debe a la inexistencia de grupos delincuenciales, sino a que su dominio es hegemónico, es decir, se han logrado construir, por la vía del acuerdo entre grupos armados o por la victoria de uno de los bandos, territorios pacificados, como ocurre actualmente en la zona oriental de la ciudad, comunas 1, 2, 3, 4, 8 y 9.

 

Un segundo elemento a considerar es que luego de la derrota de Pablo Escobar (1993) y los pocos lugartenientes que lo secundaron en su demencial guerra contra el Estado colombiano, las agrupaciones delincuenciales de Medellín han aprendido que es más rentable no confrontar a la institucionalidad y que quienes intentan desafiar el poder estatal, han sido derrotados de manera implacable. Luego de los aprendizajes de la colaboración en los PEPES, los herederos victoriosos de la guerra con Escobar se quedaron con la estructura del otrora poderoso Cartel de Medellín y asumieron ahora, con el nombre de Oficina de Envigado, el control del mundo criminal de la ciudad, lo cual se consolidó en el periodo 1998 – 2002, cuando se articularon a la ofensiva paramilitar en el país, y se reciclaron como los Bloques paramilitares Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, todo con el favorecimiento de sectores institucionales que consideraron que era más eficaz aliarse con el narcotráfico para adelantar la guerra sucia contra las organizaciones insurgentes que hacían presencia en la ciudad.

 

La Operación Orión de octubre de 2002 es el más evidente símbolo de dicha colaboración entre institucionalidad y criminalidad y, en la actualidad, buena parte de los grupos que actúan en la ciudad y en la Comuna 13, son herederos de dicho favorecimiento institucional.

 

Lo tercero es que luego de la ruptura en dos facciones de la Oficina de Envigado, las de Valenciano y Sebastián entre 2008 y 2009, se formaron dos grandes bandos, unos grupos, seguidores de Sebastián que mantuvieron continuidad en su actuación bajo la denominación de Oficina de Envigado u Oficina Metropolitana; mientras los otros, que se habían articulado en torno al liderazgo de Valenciano, se aliaron con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, o como mejor se les conoce, Los Urabeños.

 

Luego de algunos enfrentamientos entre 2012 y 2013, estas dos grandes facciones llegaron a un acuerdo de repartición de territorios y rentas, que se ha conocido en la ciudad como el Pacto del Fusil. Sin desconocer los esfuerzos que ha hecho la institucionalidad por disminuir las dinámicas de violencia en la ciudad, es innegable que el Pacto del Fusil ha sido fundamental para consolidar el descenso milagroso de los últimos años en materia de homicidios. Además, este acuerdo de convivencia criminal, ha fortalecido el dominio de las dos grandes estructuras en la ciudad y el departamento, de tal modo que puede afirmarse, con un alto grado de veracidad, que no existe prácticamente ninguna agrupación autónoma que realice actividades delictivas en la ciudad; todas están articuladas a una u otra facción.

 

Sin embargo, como es de esperarse, no todo es estabilidad y tranquilidad. En los últimos años la ciudad ha asistido a rupturas parciales y escalonadas de dicho acuerdo, en la Comuna 10 en la guerra de las Convivir, en la Comuna 8, en el corregimiento de Altavista en varias ocasiones, en los últimos meses en comunas como Robledo, Doce de Octubre y Castilla, y en las últimas semanas, estas confrontaciones hicieron que la Defensoría del Pueblo promulgara una alerta temprana de inminencia, para los habitantes de los corregimientos San Antonio de Prado, Altavista y zonas de la comuna de Belén[ii].

 

En los últimos cuatro gobiernos las autoridades han reconocido la importancia de la presencia institucional, la inversión social y la generación de oportunidades para contribuir a la transformación de las dinámicas de violencia estructural que tiene la ciudad. Sin embargo, estos esfuerzos, –a veces insuficientes, discontinuos y no siempre desde enfoques compatibles con los derechos humanos–, no han logrado poner fin a la permanencia de decenas de organizaciones criminales que mantienen su actividad en Medellín y el Valle de Aburrá y que probablemente involucran en sus estructuras de manera directa e indirecta a miles de personas. Estas organizaciones se dividen el mercado entre las que concentran su accionar en la extracción de rentas provenientes de actividades como el microtráfico, la extorsión y el hurto de todo tipo de elementos (sobre todo combos y bandas); mientras otras, de mayor capacidad y estructura (Oficinas), concentran su actividad en la cadena del narcotráfico a gran escala y hacen parte de redes trasnacionales de criminalidad.

 

La lucha integral contra la criminalidad implica mantener y fortalecer políticas públicas y programas sociales encaminados a transformar las profundas brechas de inequidad a todo nivel que caracterizan la ciudad, no sólo en lo económico y lo social, sino también, en lo político y lo cultural, al tiempo que se promueven acciones estratégicas de mediano y largo plazo para fortalecer el tejido social organizativo de los territorios, pues la organización social es un componente esencial en la prevención y contención de la criminalidad[iii]. Las intervenciones militares han demostrado el fracaso de la estrategia militar como centro de la intervención estatal para enfrentar estos fenómenos y el conjunto de operaciones militares realizadas en la Comuna 13, especialmente la Operación Orión, son el mejor ejemplo de lo que nunca más se debe hacer en la ciudad.

 

Tal vez una de las razones del fracaso de las autoridades en sus esfuerzos por terminar con este fenómeno criminal es que se han encaminado a la captura de los líderes de estas organizaciones, pero poco se avanza en su desestructuración ilegal, lo cual explica porque cuando se mira el mapa criminal de la ciudad, se constata que la mayoría de las organizaciones tienen entre 10 y 30 años de existencia. Para muchos de los líderes capturados y, en no pocas ocasiones, parece que las capturas son entregas pactadas entre institucionalidad y criminalidad para mostrar resultados operacionales, la cárcel se convierte en un sitio desde el cual se mantiene el control de las organizaciones criminales, en un ambiente de mayor tranquilidad. Así mismo, no deja de ser llamativo que la mayoría de los capturados no son judicializados por delitos graves como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia sexual, entre otros, sino por porte ilegal de armas, concierto para delinquir, lo cual les trae bajas condenas y la expectativa de recuperar la libertad en pocos años.

 

Desestructurar las organizaciones criminales requiere adelantar una labor titánica y de alto riesgo que casi ningún gobernante va a asumir: investigar, judicializar y capturar los enlaces de estas organizaciones en sectores legales, por ejemplo en la economía legal que es fundamental para el lavado de activos y el blanqueo de capitales, en la política legal, en donde han construido relaciones que les permiten adelantar su actividad con altos niveles de impunidad, cortar sus nexos con la institucionalidad, principalmente entre la fuerza pública y los organismos de justicia, pero también con las redes de poder político tradicional, liderazgos clientelares y partidos políticos. Incluso, asumir el riesgo de luchar contra los altos niveles de legitimidad que las empresas criminales poseen entre sectores de la sociedad, no sólo entre sectores pobres de la población, que ven en ellas una fuente de empleo y subsistencia, sino también entre sectores empresariales e industriales, para los cuales los líderes de la criminalidad y sus aliados en el mundo legal, son un ejemplo de empuje paisa que debe ser admirado sin mayores reparos éticos.

 

Una lucha de frente contra el crimen para erradicar su influencia en la sociedad implica entonces, con alta probabilidad, un incremento de la violencia y los homicidios, así como una crisis social por la importancia de estos recursos para paliar la inequidad histórica de esta región. Por eso, el actual mandatario prefiere trabajar en la imagen de la ciudad y referirse a la “sensación” de seguridad, mediante la persecución de cabecillas, alardear en redes sociales de que irá “atendiendo” a los delincuentes de a uno, y que ya estamos cerca del fin de las organizaciones criminales. Su posición, claramente es más cómoda y segura y deja mayores réditos, principalmente de cara al respaldo político en futuras aspiraciones electorales.

 

Mientras tanto, los habitantes de la Comuna 13 y del resto de la ciudad seguirán esperando quien será el nuevo Juancito[iv] o como quiera que se llame el jefe temporal, que tomará el control de una de las muchas bandas que hay en los barrios, a ver si algún día la institucionalidad se toma en serio la idea de recuperar el territorio para el Estado social de derecho que establece la Constitución Política de Colombia.

 

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[i] Proyecciones de la población en Medellín.

 

[ii] Defensoría alerta sobre riesgos de vulneración de derechos humanos en suroccidente de Medellín.

 

[iii] La investigación Medellín: Basta Ya, memorias de una guerra urbana realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio del Interior, la Corporación Región y las universidades de Antioquia y Eafit documenta tanto las dinámicas de violencia y criminalidad en las últimas décadas en la ciudad, así como el importante papel jugado por las organizaciones sociales de todo tipo para resistir en medio de la adversidad y para construir espacios de esperanza en medio del horror de las violencias. Ver: “Medellín, memorias de una guerra urbana”.

 

[iv] Alias del jefe de la banda Betania señalado por el alcalde Federico Gutiérrez de ser uno de los grandes responsables de la desestabilización de la Comuna 13, quien se entregó a las autoridades en la tarde del 1 de mayo.

 

 

Sociólogo de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Políticas de la misma institución educativa. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Con conocimientos y experticia en temas relacionados con Derechos Humanos, Conflicto Armado y Convivencia Ciudadana. Consultor y docente universitario, exdirector de la Corporación Región y exfuncionario de la personería Municipal de Medellín.
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