La tercera pata de la mesa

La Mesa de Negociación empieza a acercarse a los territorios, al iniciar, desde el pasado 9 de agosto, las visitas técnicas de las delegaciones del gobierno y las FARC (acompañados de representantes de los países garantes, observadores de las Naciones Unidas y el CICR) a las denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, las cuales fueron definidas hace algunas semanas con las condiciones de ser distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales que tengan una extensión razonable que garantice el monitoreo y verificación de la ONU.

Estas visitas permiten avizorar la cercana firma del fin del conflicto y la correspondiente implementación de los acuerdos de negociación, al ir garantizando las condiciones técnicas previstas en los territorios en los que se congregarán los guerrilleros.

Los temores de importantes sectores de la ciudadanía, despertados por la ausencia de confianza en los guerrilleros y las experiencias vividas en anteriores despejes de territorios, deberían minimizarse al conocerse los mecanismos de verificación propuestos. La presencia de la Naciones Unidas como verificador del cese al fuego bilateral, el fin de las hostilidades y la dejación de armas, favorece la confianza ciudadana, al delegar en un ente de representación de la comunidad internacional, los elementos más cruciales consecuentes a la firma definitiva.

El propósito de las zonas veredales es claro: cumplir con el cese al fuego, facilitar la dejación de las armas y preparar a los integrantes de las FARC a la vida civil. Se ha diseñado un mecanismo tripartito de verificación, conformado por el gobierno, las FARC y un componente internacional, este último constituido por observadores de países de la CELAC congregados por el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La ley de implementación establece la creación de una comisión legislativa para la Paz, que tramite leyes ágilmente, conformada por miembros de las comisiones primeras del congreso, más 12 miembros escogidos de otras comisiones (respetando proporcionalidad en el congreso y las cuotas de minorías). El ejecutivo será el único encargado de presentar proyectos de ley a dicha comisión (por 180 días como máximo), más ésta podrá modificar las mismas contando con el aval del gobierno nacional. El Presidente tendrá la facultad de emitir decretos con fuerza de ley cuando se trate de leyes ordinarias, más las leyes especiales deberán cursar a través de la comisión. La Corte Constitucional ejercerá el control previo y automático a dichos proyectos de ley, así como posterior y automático a los decretos con fuerza de ley.

Tanto la implementación como la verificación poseerán respaldo internacional, como ha sido usual en toda la historia de la negociación, lo que contribuye a proteger el proceso de la marea de acusaciones para levantar sensaciones de temor por lo que pase en las zonas, los proyectos de ley y decretos establecidos por el ejecutivo. Resta esperar a que se llegue el día de la firma final, para poder decir que “todo está acordado”, y proceder en la implementación y verificación exitosa de los pactos entre las partes.

Aunque los textos definitivos de éstos temas, pertenecientes al punto 6 de las negociaciones, aun no se culminan, la refrendación de la ciudadanía mediante el mecanismo del plebiscito debe tener en cuenta las calidades evidentes de lo compartido por la mesa. La comunidad internacional que acompaña la negociación es clara muestra de la seriedad del proceso y sus mecanismos, son ficha clave de la implementación al convertirse en la tercera pata que equilibra la mesa a través de la verificación de todo lo que se acuerde.

Economista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con MBA en Administración de Empresas, Marketing y Estrategia de la Universidad EAFIT, master oficial en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia y doctorado en Marketing de la misma institución educativa. Profesor de la Universidad de Antioquia.
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