La unión en torno a Iván Duque, ¿reconfiguración en el bloque de poder hegemónico?

 

 

Una avalancha de adhesiones de sectores del establecimiento se ha producido en las últimas semanas en torno a la candidatura de Iván Duque. Desde la mayoría de sectores políticos tradicionales ligados históricamente a los graves problemas de corrupción y alianzas con el paramilitarismo, pasando por los principales gremios económicos, unánimemente representados por el Consejo Gremial, hasta los dueños de los grandes medios de comunicación, explícitamente el periódico El Tiempo, o de manera soterrada como lo han hecho los grandes canales de comunicación RCN y Caracol, y cadenas radiales como Caracol Radio y Blu, quienes han recurrido a las entrevistas sesgadas, malintencionadas y con largos espacios editoriales disfrazados de noticias, malinterpretando y tergiversando las propuestas del candidato Gustavo Petro.

 

Hoy, como en el 2002, las élites se congregan en torno a la figura de Álvaro Uribe, sin ninguna consideración ética por los reparos que su proyecto político representa. En el 2002 todos se unieron para que Uribe liderara la guerra contra las Farc, al tiempo que promovía una política de reintegración parcial e impune de los grupos paramilitares. Muestra de esto fue la primera propuesta de marco jurídico presentada por el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien promovió entre el 2002 y el 2004 la idea de que la desmovilización paramilitar debía basarse en el perdón y olvido. Fue solo gracias a la presión internacional y la reacción de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de derechos humanos, que se llegó hasta la Ley 975 de 2005, y la valiosa sentencia C 370 de 2006, de constitucionalidad de la ley de justicia y paz, que ajustó varios asuntos en los cuales la ley se apartaba de los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas. Si por el uribismo fuera, hubiera preferido impunidad y perdón forzado.

 

Luego de la guerra de aniquilación emprendida contra las Farc, a un alto costo humanitario como lo demuestran los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos; el establecimiento pretendía llevar a esta guerrilla a una mesa de negociación solo para definir las condiciones de su rendición. No obstante, y a pesar de los duros golpes políticos y militares sufridos por las Farc, sobrevivieron a la guerra y en los dos últimos años de gobierno de Uribe y los dos primeros de Santos, mostraron su adaptación a la estrategia de guerra adelantada por el Estado colombiano. Esta situación generó que un sector de las elites optara por una estrategia de negociación que si bien es cierto reconocía la necesidad de algunas reformas en materia agraria, de participación y de cambio de enfoque en la lucha contra las drogas, estableció unas líneas innegociables: modelo de desarrollo, estructura del Estado y fuerzas armadas. A cambio, junto con las reformas, se construyó un sistema de justicia transicional en el cual, sobre la base de aportes a la verdad, la reparación y actos de perdón, las Farc desarmadas y desmovilizadas, tendrían garantías para su transformación en partido político legal y unas cuotas en el Congreso de la República. Adicionalmente, se reconocía que las Farc no hicieron la guerra solas, sino que también había responsables en el Estado colombiano e incluso, en sectores civiles, comprometidos en la responsabilidad de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

 

Esta decisión de un sector de la élite colombiana, de intercambiar algunas reformas por paz, asumiendo los costos de una negociación ¨barata¨, provocó la reacción de otros sectores que vieron en esto la entrega del país a la guerrilla y motivó que se convirtieran en enemigos absolutos del proceso de paz. La fortaleza de las elites representadas por el Presidente Santos, estuvo en vincular a sectores de las fuerzas armadas a la negociación, -de los cinco delegados principales del Estado colombiano en la Mesa de diálogos, dos siempre fueron representantes de este sector, lo que demuestra la retórica vacía de afirmar que las fuerzas armadas colombianas no son deliberantes en asuntos políticos-; a lo cual se sumó el importante apoyo de sectores políticos democráticos, claves para la reelección de Santos en 2014, así como un decidido respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

 

Luego del triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, los sectores opuestos al Acuerdo de paz salieron fortalecidos, y se prepararon para volver a tomar el poder político en las elecciones regionales y presidenciales del presente año. Considero que si bien es cierto han utilizado el Acuerdo de paz para impulsar su campaña política, primero afirmando sin ningún sustento que se le había entregado el país a las Farc y luego, que el castrochavismo se va a tomar el poder y vamos a ser otra Venezuela, en lo sustantivo han logrado frustrar el potencial reformista del Acuerdo de paz firmado con las Farc.

 

Considero que son tres los grandes asuntos que las élites opuestas al Acuerdo ven como riesgosos para su poder tradicional. En primer lugar, no están dispuestos a permitir la menor acción de reforma en el campo colombiano, y especialmente, no van a permitir que se toque la reconcentración de la propiedad que se dio por medio de la violencia paramilitar. En segundo término, no están dispuestos a permitir procesos de democratización del poder político especialmente del local. Hoy como ocurrió a mediados de la década del 80 cuando se exterminaron expresiones políticas alternativas como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, los sectores tradicionales no van a permitir reformas que pongan en riesgo el poder clientelista y la captura de rentas a través de la corrupción estatal. En esto las elites ratifican su profundo carácter antiestatista, pues ven en las reformas democráticas una amenaza a su poder y a su enriquecimiento. Menos Estado es menos regulación, menos control, más oportunidad para el enriquecimiento producto del saqueo de los recursos públicos.

 

El otro punto sensible es la responsabilidad de agentes estatales no integrantes de las fuerzas armadas y terceros civiles que se lucraron intencionalmente del conflicto armado. Este es un punto central, pues necesitan garantizar la impunidad para sus acciones y si mucho, están dispuestos a aceptar que los integrantes de las fuerzas armadas responsables de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra, pasen por la JEP y reciban penas alternativas. Por eso, de las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, las más vulnerables, las que han sido objeto de los mayores esfuerzos uribistas por debilitarlas y deslegitimarlas, son la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

 

Si se mira de conjunto lo que ha pasado en los 18 meses desde la firma del Acuerdo de paz, podría decirse que los principales objetivos del sector enemigo de lo acordado con las Farc se han logrado. Los avances en los puntos desarrollo rural integral y participación política son muy precarios y su futuro en un Congreso mayoritario en torno al Centro Democrático, no parece el más favorable. Además, la sentencia de constitucionalidad de la Corte sobre la JEP, de noviembre del 2017, excluyó a los funcionarios públicos que no pertenecen a la Fuerzas Armadas y a los terceros civiles de la obligatoriedad de comparecer ante la JEP, lo cual se deja a voluntad de los implicados y mantiene sus procesos en la justicia ordinaria, lo cual significa una buena opción de impunidad. En conclusión, considero que el discurso uribista sobre el proceso de paz está basado más en la movilización de votantes arrastrados por el odio anti Farc y anti Santos, que por una motivación real de que sientan en peligro su poder tradicional.

 

¿Cómo entender entonces la reunificación del bloque de poder hegemónico alrededor del que dijo Uribe? Considero que hay cuatro factores claves para entender esto. El primero es que las élites perciben que hay la oportunidad de avanzar en la profundización del modelo de desarrollo haciendo trampa a las reformas prometidas a las Farc. Lo segundo, es que lograda la desmovilización y el desarme de las Farc, se requiere la reunificación para lanzar una nueva acción de guerra ahora, principalmente contra el ELN, pero también contra las disidencias de las Farc, además que buscarán el sometimiento de los grupos armados surgidos tras el proceso de desmovilización paramilitar; pues las guerras siempre generan unidad y fervor patriótico.

 

Lo tercero es que hoy sin las Farc hay un mejor ambiente para intensificar actividades productivas como la explotación intensiva de recursos naturales, la agroindustria, y las grandes obras de infraestructura en alianza con multinacionales, todo ello favorecido ahora por el buen ambiente de inversión creado por el ingreso a la OCDE.

 

Pero creo que hay un cuarto factor con el cual no contaban y es la oleada de indignación creciente y de entusiasmo con la posibilidad de un cambio que ha generado la campaña de Colombia Humana liderada por Gustavo Petro. Si bien es cierto estas propuestas no implican grandes cambios estructurales, si ponen en cuestión y presentan propuestas alternativas en asuntos estratégicos como el modelo de desarrollo extractivista, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la acción estatal en garantía de derechos sociales y el cumplimiento del Acuerdo de paz, entre otros.

 

Por eso la enorme campaña de miedo y tergiversación en torno al presunto peligro para sus intereses que representa Petro y el masivo apoyo ciudadano que se expresó en la primera vuelta presidencial y que parece crecer en las tres últimas semanas. Y por eso, se entiende que luego de casi 8 años de tensiones entre sectores de las elites, hoy como en el 2002, los sectores un poco más modernos y reformistas de las elites, no tengan ningún reparo en unirse con aquellos que en el pasado han calificado de paramilitares y mafiosos, conscientes y consecuentes que ante la oportunidad de negocio y un mínimo riesgo para el statu quo, no hay escrúpulos que valgan.

 

Esto es lo que está en juego este domingo 17 de junio y la oportunidad que tenemos de aportar a frustrar los planes del bloque hegemónico.

 

Sociólogo de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Políticas de la misma institución educativa. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Con conocimientos y experticia en temas relacionados con Derechos Humanos, Conflicto Armado y Convivencia Ciudadana. Consultor y docente universitario, exdirector de la Corporación Región y exfuncionario de la personería Municipal de Medellín.
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