Respuesta pública sobre el perdón que me ofrece el Sr. Pérez, gobernador de Antioquia.

Hace días que he estado ausente de los escenarios públicos. Rompo el silencio porque no puedo permitir que el actual gobernador de Antioquia, al mismo tiempo que intenta lavar su imagen siga tratando, como ha sido su propósito por años, de enlodar la mía. El Sr. Pérez anunció esta semana pasada, mientras me encontraba fuera del país, que me perdonaba por hechos por los que me había denunciado hace cuatro años.

 

El gobernador en el pasado se alió con delincuentes y causó grave daño a mi familia, sobre todo a mi esposa, no solo con acusaciones que podríamos considerar políticas sino también difundiendo mentiras sobre mí estilo de mi vida. Hizo esto con aliados políticos y con paramilitares como alias “Job” y con algunas pocas personas que demeritan el oficio de periodista.

 

Aun así, no creo que Pérez sea una persona que merezca ser odiada. De mi parte no han escuchado, ni escucharán, una palabra sobre la vida personal del gobernador. Y les pido que consideren esta respuesta, no como una pugna personal sino como deber ético y político al que me obliga mi protagonismo en la vida pública.

 

Él ofrece un perdón que no puede dar porque no he sido condenado, ni soy culpable. Lo ofrece en una carta dirigida a la Fiscal 94, Juliana Arcila, en la que pide se archive una denuncia que entabló en contra mía en el año 2015. Denuncia de la que vengo a enterarme por esa carta que reprodujeron varios medios.

 

Me comuniqué con la Dra. Arcila para preguntarle por qué había sido denunciado por el gobernador y desde cuándo. Ella me informa – sin mayor precisión – que el gobernador me denunció en el 2015 ante la Fiscalía 187 local, por menciones que hice de sus vínculos con paramilitares. Le hice entonces la pregunta obvia: ¿Por qué a lo largo de estos años no fui notificado de esta denuncia? Dice la Dra. Arcila, que según consta, esa Fiscalía (187), me citó por medio de un correo electrónico ilegible en el oficio. Siendo, como soy, una figura pública, habiendo vivido a lo largo de estos años en Medellín, se me hace extraño que no me hubiesen podido notificar. Sobre todo porque a lo largo de estos años he asistido a diligencias en fiscalías que sí encontraron manera de notificarme.

 

Y dice la Sra. Fiscal que para obtener acceso al expediente debo hacer un derecho de petición y que la respuesta, como estipula la ley, puede tardar unas semanas. El expediente llegó a su despacho en el 2017. Ella volvió a citar hace unos días al gobernador para ampliar la denuncia, después de casi dos años de no adelantar gestión alguna sobre el proceso. El gobernador inmediatamente publicó la carta mencionada, que hizo llegar a todos los medios de comunicación. La hizo pública porque su propósito es propagandístico.

 

¿Por qué a estas horas el supuesto perdón? No lo sé, pero me extraña. El Sr. Pérez tiene suficientes actuaciones en la vida pública que me permiten dudar de sus intenciones. Debo decir que la afirmación de que el señor Pérez ha tenido vínculos en el pasado con los paramilitares la he hecho con sustento y que ya está consignada en varias sentencias judiciales, de las cuales citaré dos.

 

Primero debo recordarles que quien primero lanzó la piedra acusándome de tales vínculos fue él. Cuando gané las elecciones para Alcalde de Medellín en el año 2007, el actual gobernador que también fue candidato, se alió con sectores de los paramilitares para sabotear mi alcaldía y lanzar calumnias dirigidas a afectar mi integridad.

 

Como me acusó de haber recibido apoyo de los paramilitares para mi campaña, le pedí a la Fiscalía que se me investigara. El Fiscal 28 especializado resolvió archivar las diligencias el 8 de julio de 2010 por el “delito de concierto para delinquir, a favor del doctor Alonso Salazar”. Y en la misma resolución, el Sr. Fiscal pide que se investigue al Sr. Luis Pérez por haber recibido apoyo de estructuras paramilitares para esa campaña de 2007.

 

Y, en un segundo documento judicial de septiembre de 2013, la providencia del magistrado Ruben Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en 50 páginas (de la pag. 305 en adelante) describe donde, cuando y como, Pérez recibió apoyo de diversas estructuras paramilitares tanto en el 2007 como en el 2011, cuando volvió a ser candidato a la Alcaldía. Y en su parte resolutiva el magistrado Pinilla Cogollo ordena:

 

“Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes con destino a la investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el concierto con bandas y grupos armados en las elecciones de 2007 y 2011”. (Sala de Justicia y Paz, septiembre de 2013).

 

La providencia está disponible en internet: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/6342975/14192143/04.09.2013-auto-control-de-legalidad-de-cargos-bcn.pdf/3bf2c865-6ee1-4a4e-9e2b-6a488b20a19a

 

Luego, amigos de Pérez entablaron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y con la complacencia del procurador Alejandro Ordoñez, lograron que se me inhabilitara por 12 años para cargos públicos. Al terminar mi alcaldía demandé esta decisión. El Consejo de Estado la revocó, haciendo notar el abuso que el procurador había cometido.

Me siento orgulloso de mi gestión como alcalde y sobre todo de no haber sido condenado ni sancionado en asuntos fiscales ni penales. Ese es un patrimonio moral que defenderé. Sigo considerando un deber trabajar para que la política, en general los partidos y movimientos políticos, rompan los nexos con estructuras criminales. ¡Que importante que sigue siendo ese propósito en Antioquia!

 

Alonso Salazar J.

Diciembre 3 de 2018.

 

 

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