Retos para la labor de la Comisión de la Verdad en Antioquia

El pasado 5 de abril, mediante Decreto 588 de 2017, el presidente Santos creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las Farc. Ésta, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación y las garantías de no repetición, forman parte integral del punto acordado que se denominó Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.

 

Como lo expresa el Acuerdo, el Sistema parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de asunción de responsabilidad por parte de quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.[1]

 

Los objetivos que se establecieron para la Comisión de la verdad son los siguientes:

 

1) Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros.

 

  1. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.
  2. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado.[2]

 

Con respecto a la Comisión de la Verdad, hay un conjunto de consideraciones que deben tenerse en cuenta cuando se piensa en los retos de su operación con respecto a la situación de Antioquia, recordando que como decía el asesinado abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, el meridiano de la guerra ha pasado por Antioquia, y esto se evidencia por ejemplo, en que según el Registro Nacional de Víctimas, de las 8.405.265 víctimas registradas en Colombia, 1.386.094, el 16.5% de las víctimas de todo el país, son de este departamento.[3]

 

En primer lugar, la Comisión de la Verdad tiene el reto de contribuir a la construcción de un informe que dé cuenta de la complejidad del conflicto armado en este departamento, en especial con respecto a la responsabilidad y rol del Estado en la confrontación armada, el carácter político de la confrontación y los objetivos que han estado en disputa, máxime que en esta región existen un conjunto de investigaciones que han abordado el impacto del narcotráfico y la participación de sus estructuras en la guerra, pero esto ha generado una cierta ¨narcotización¨ y despolitización de la mirada sobre lo que ha estado en disputa en esta región, y un desconocimiento del papel del Estado en la dinámica de violencia política.

 

Así mismo, la Comisión de la Verdad deberá asumir la investigación y caracterización de las alianzas entre grupos de delincuencia común, del narcotráfico y actores del conflicto político armado, fenómeno mayoritariamente protagonizado por los acuerdos entre sectores institucionales y grupos criminales, algo de lo cual ha aparecido en algunas sentencias de los tribunales de Justicia y Paz[4], pero esta relación aún sigue siendo muy turbia y ha permitido construir la noción de que el paramilitarismo fue un tercer actor independiente o que las alianzas entre Estado y narco paras fueron excepcionales y circunstanciales. También deberán investigarse las relaciones entre organizaciones insurgentes y grupos de delincuencia común, teniendo claro que lo importante de esto no son solo las relaciones y los acuerdos, sino los objetivos de esta colaboración. Y claro, es fundamental que se establezca con cierto nivel de precisión y rigurosidad cómo fueron los acuerdos y apoyos entre sectores sociales, políticos y económicos, con los actores del conflicto armado, y qué resultados e impactos colectivos produjo esta colaboración. Finalmente, deberá abordarse el desesperanzador record de impunidad y penetración criminal en entidades estatales como la Fiscalía y la Fuerza Pública que presenta esta región, fenómenos que claramente han favorecido el accionar criminal de sectores institucionales y sus aliados en el mundo criminal, en especial en perspectiva de no repetición.

 

Con respecto al reconocimiento de las víctimas, en este departamento como en el resto del país hay que trabajar con un enfoque diferencial que permita tratar con un mismo rasero de reconocimiento y dignificación a las víctimas, pero entendiendo que no todas han recibido el mismo nivel de reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. Es evidente que las víctimas de la acción del Estado y de los grupos paramilitares, deben recibir un tratamiento que promueva su dignificación, su reconocimiento y que haga audible su voz, pues en general el trato que han recibido ha consistido en la persecución, la estigmatización y la revictimización.

 

De alguna manera, se ha construido en los grandes medios de comunicación y por parte de sectores gubernamentales, la imagen de que la víctima ¨buena¨ es aquella que está representada por una mujer, familiar de una persona que cayó en el conflicto armado, preferiblemente a manos de un grupo guerrillero, pero que no hacía parte de ninguna dinámica organizativa, y cuya principal petición es la verdad pero acompañada del perdón y la reconciliación desde una perspectiva religiosa. Las víctimas que se salen de esta construcción, que son familiares de militantes políticos y sociales, que claman justicia, que reivindican las historias de vida y de militancia de sus familiares, no son consideradas políticamente correctas y se busca su marginación del escenario público, como lo demuestra el trato recibido por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el Congreso de Colombia en el Día Nacional de las Víctimas o en la aprobación de los decretos del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, donde se les ha tratado de acallar y desconocer.

 

En tercer lugar, se debe promover la más amplia y cualificada participación ciudadana en el trabajo de la Comisión de la Verdad en Antioquia. Para esto se debe incluir que la Comisión identifique y reconozca que en esta región existen desde hace años organizaciones sociales, instituciones académicas, gremiales,  centros de pensamiento e investigadores e investigadoras sociales que han producido documentación, información y análisis sobre la violación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, los responsables, los efectos sobre la población civil y las víctimas y los impactos que esto ha provocado en la sociedad regional. Así mismo, se deberá promover una amplia labor de movilización social y ciudadana alrededor de los trabajos de la Comisión, promoviendo la realización de audiencias territoriales y poblacionales en las cuales se dé la voz a las víctimas, ojalá que también se pueda escuchar a los victimarios sobre sus motivaciones y patrones de conducta victimizante (no en perspectiva de justificación y revictimización como pasó en muchos casos en Justicia y Paz); y que se pueda también oír la voz de la sociedad civil.

 

La Comisión de la Verdad tiene un reto enorme para dar cuenta de las expectativas de las víctimas, y aunque esto no sea posible dado el enorme número que hay en el país, las dificultades metodológicas que implica abordar un periodo tan extenso y con tanta oscuridad en las motivaciones y responsabilidades, sí debe quedar claro que los/as comisionados/as tienen toda la competencia para satisfacer las expectativas y realizar todo lo necesario para contribuir a la dignificación de las víctimas, de todas las víctimas, de todas las regiones y de todas las responsabilidades.

 

Hay que establecer con claridad la forma como la Comisión de la Verdad va a contribuir a la promoción de la convivencia en el territorio, y cómo conjurar los riesgos de quienes ven en el esclarecimiento de la verdad una amenaza a sus intereses y sus objetivos en la confrontación. Si bien se parte en general de la presunción de que la verdad es una forma de avanzar en la construcción de garantías de no repetición, ha quedado claro en los debates públicos de los últimos años que hay sectores en la institucionalidad y en la sociedad que hacen de los intentos de búsqueda de la verdad un motivo para justificar el mantenimiento de la violencia y la confrontación. La Comisión debe enviar un mensaje claro, y en Antioquia esto sí que es importante, de que el proceso político, social y cultural que busca desatar el esclarecimiento de la verdad, no se hace desde una perspectiva de revancha ni con fines carcelarios, sino como una forma de encarar que sólo conociendo la verdad y aprendiendo de lo que esta sociedad ha vivido, será posible avanzar en la posibilidad de vivir juntos sin violencia.

 

Por último, se ha venido impulsando una iniciativa de desclasificación de los archivos de inteligencia para contribuir a la verdad. Cuánto ayudaría en perspectiva de no repetición que se pudieran conocer los archivos de organismos como la Cuarta, Decimocuarta y Decimoséptima Brigadas del Ejército, el Gaula y el F 2 de la Policía, El Das Antioquia, o de organismos municipales como el Departamento de Orden Ciudadano DOC, El Departamento de Seguridad y Control DSC, y las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad CONVIVIR, entre otras. Probablemente conoceríamos o confirmaríamos mucho de lo que ya sabemos sobre las dinámicas del conflicto político armado en nuestra región, sus motivaciones, protagonistas y estrategias, así como de su justificación desde las teorías de la seguridad hemisférica y la lucha contra el enemigo interno.

[1] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf. Página 127

[2] Decreto 588 de 2017. Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Página 5

[3] http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

[4] Por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Medellín, del 24 de septiembre de 2015, sobre el accionar del Bloque Cacique Nutibara de Medellín, o la del mismo Tribunal, del 30 de enero de 2017, sobre la actividad delictiva de los Bloques Pacífico, Chocó y Suroeste de las AUC. http://www.saladejusticiaypazmedellin.com/wordpress/decisiones-de-la-sala-2/sentencias/

Sociólogo de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Políticas de la misma institución educativa. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Con conocimientos y experticia en temas relacionados con Derechos Humanos, Conflicto Armado y Convivencia Ciudadana. Consultor y docente universitario, exdirector de la Corporación Región y exfuncionario de la personería Municipal de Medellín.
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