SOBRE LA OBJECIÓN DEL PRESIDENTE A LA JEP

Objetar la ley estatutaria de la JEP es una mala decisión, tanto en lo político como en lo jurídico. El Tribunal seguirá avanzando, solo que tratarán de quitarle legitimidad pues muchos de sus procedimientos no están reglados por culpa de esta decisión del Presidente.

 

Es malo desde lo político porque mantiene una polarización grave en el país, cuando como el mismo presidente Duque ha afirmado, deberíamos pensar en cómo juntarlo en torno a propósitos comunes. El Presidente ha desaprovechado varias oportunidades de juntarnos: con la Consulta Anticorrupción, con los paros estudiantiles, con una postura sensata de solidaridad y no violenta frente a Venezuela, etc. No ha querido aprovecharlo, se le nota cada vez más preso de su partido, el Centro Democrático.

 

En vez de optar por marcar su propia impronta, el Presidente decidió un Gobierno como el que varios temíamos y él negaba: un Uribe III. Está desaprovechando una oportunidad de dejar un legado propio y mientras tanto condena al país a incendiarse 4 años.

 

Desde lo jurídico es también errado, pues ya la Corte Constitucional había dejado claro en su examen de constitucionalidad que la ley estatutaria satisfacía los derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

 

Sus objeciones, como muchos lo decían, parecen más de inconstitucionalidad que de inconveniencia, y estas no tienen lugar, toda vez que al ser una ley estatutaria, ya se había surtido el test de constitucionalidad por parte del órgano idóneo, es decir, la Corte.

 

Además de esto, objetar la ley es demorar más el reglamento procedimental de la JEP, es decir, tardarán mucho más los procesos en salir adelante, dejando en ascuas a las víctimas que esperan celeridad para saber qué pasó y satisfacer sus derechos.

 

Tiene también pésimas consecuencias si tenemos en cuenta que la JEP es la columna vertebral del Acuerdo con las FARC. Mina la confianza en el proceso poniendo altos riesgos, deja a los militares en absoluta vulnerabilidad y se constituye en un incumplimiento grave a la palabra dada a las FARC.

 

Y otra torpeza política: la ley volverá a un Congreso del cual el Presidente no tiene mayorías. Es un congreso conformado por gente que ya aprobó esa ley, que ha defendido la salida negociada al conflicto y cree que la JEP es clave para lograr la paz. Es una pelea innecesaria que sólo le va a quitar más gobernabilidad.

 

En conclusión, el Presidente no objetó la ley por estar pensando en las víctimas, o por creer que esto ayudará a unir al país, sino por quedar bien con un sector fundamentalista cada vez más pequeño que no representa el anhelo mayoritario de paz que existe en Colombia. Triste.

¿Qué nos queda por hacer? Yo propongo volver a la calle. ¿Se apuntan?

 

Abogado de la Universidad EAFIT con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas. Soy activista, compulsivo por las noticias. Creo posible cambiar el mundo. Alguna vez tuve un telescopio, pero ahora me dedico a la política.
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