Víctimas sin reconocimiento, de la comuna 13 a Tumaco

“…Han pasado 15 años desde los lamentables hechos de la Comuna 13. Las víctimas siguen esperando el restablecimiento pleno de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición…”

 

El 16 de octubre se cumplieron 15 años de la Operación Orión, acción militar contra las milicias insurgentes que actuaban en la comuna 13 de la ciudad de Medellín. Sobre esta acción existen numerosas denuncias en torno a la participación de grupos paramilitares en su planeación y ejecución1 , así como sobre el desconocimiento del principio de protección a los civiles. Por este motivo fue destituido por la Procuraduría el general Leonardo Gallego, comandante de la policía metropolitana y hay investigaciones disciplinarias y judiciales tanto sobre Gallego como sobre Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada2.  También se han hecho reiteradas denuncias sobre la ocurrencia de un número que sobrepasa las 100 desapariciones forzadas en los meses posteriores a la Operación, y aunque los responsables de estos crímenes son principalmente integrantes de grupos paramilitares, se evidencia su connivencia y coordinación con las unidades de la fuerza pública destacadas en la zona.

 

Durante el período 2000 – 2012, en el marco de la ofensiva general contra las Farc que se vivió en Colombia, que inició en medio del proceso de paz del Caguán y terminó en el segundo año de mandato del presidente Santos, la guerra se libró tanto en el campo de batalla como en la opinión pública. Como dice la profesora María Teresa Uribe, las guerras se libran y se narran, y al tiempo que se construye un relato sobre lo que pasa, se elabora un perfil de los combatientes y de sus víctimas. Hay una construcción social de la imagen del enemigo, de sus motivaciones, de la naturaleza y consecuencia de sus actos.

 

Las víctimas de la acción guerrillera recibieron un tratamiento preferencial por parte de los grandes medios de comunicación: tenían nombre y rostro, sus historias eran destacadas, se presentaba su entorno y el impacto de la violencia en sus proyectos de vida individual y colectiva. Incluso, en ocasiones se presentaron víctimas que no eran de las Farc como si lo fueran, como en el caso de la señora Elvia Cortés, asesinada con un collar bomba en mayo de 2000, junto a un policía antiexplosivos, en una acción que fue responsabilidad de un grupo de delincuencia común, pero que aún hoy se sigue atribuyendo falsamente a las Farc3.

 

No ha sido el mismo el tratamiento que han recibido las víctimas de agentes estatales, quienes desde el principio tienen que luchar contra el manto de duda que se teje sobre su auténtica condición de víctimas, la sospecha sobre los motivos de su victimización, la falta de contexto de sus historias y del impacto de estos actos sobre sus vidas y la indeterminación sobre los causantes de su victimización. Así ha ocurrido históricamente con las víctimas de los partidos y movimientos políticos de izquierda, de organizaciones sindicales y de defensa de los derechos humanos, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales –“no estarían recogiendo café”, dijo el entonces presidente Uribe sobre los jóvenes de Soacha asesinados por el Ejército en Norte de Santander en el 2008 . Igual ha pasado con las víctimas de las operaciones militares como Orión , entre otras.

 

Esto quedó en evidencia de nuevo el pasado jueves 5 de octubre, cuando en hechos que deben ser esclarecidos, habitantes del corregimiento de Tumaco denunciaron el asesinato de seis campesinos a manos de la Policía Antinarcóticos. Llama la atención la poca atención de los medios por establecer con claridad la responsabilidad de esta acción y su repetición automática de la versión de las autoridades sobre la presunta responsabilidad de una disidencia de las Farc, a lo cual siguió una continua sucesión de explicaciones recurriendo a eufemismos, como “víctimas de la violencia”, invisibilizando la acción intencional de darles muerte, o “en oscuros hechos que son materia de investigación…”; lo cual contrasta con la prisa que les caracteriza cuando se trata de la acción de las organizaciones guerrilleras.

 

Tampoco se cuestiona en los medios de comunicación masivos las reiteradas mentiras del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sobre la autoría de los crímenes, señalando un ataque con cilindros de gas de la disidencia de las Farc a la fuerza pública, ni sobre las razones del ataque por parte de la Policía a una Comisión de Verificación conformada, entre otras, por Gobernación de Nariño, Personería de Tumaco, Diócesis de Tumaco, Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU y Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP- OEA.

 

Han pasado 15 años desde los lamentables hechos de la Comuna 13. Las víctimas siguen esperando el restablecimiento pleno de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Un componente fundamental es el reconocimiento público de su dignidad y de la responsabilidad de quienes fueron los causantes de sus afectaciones. Seguir tratando de manera diferencial a las víctimas de acuerdo con quienes fueron sus victimarios poco contribuye a crear condiciones para una paz estable y duradera y mucho menos a la legitimidad de un Estado que ha sido un actor de la confrontación armada, no sólo a través de sus fuerzas armadas sino también de organismos como la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control y responsable de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra. Sin verdad y reconocimiento para todas las víctimas de todos los actores del conflicto armado interno, no será posible avanzar en el camino de la reconciliación.

Sociólogo de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Políticas de la misma institución educativa. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Con conocimientos y experticia en temas relacionados con Derechos Humanos, Conflicto Armado y Convivencia Ciudadana. Consultor y docente universitario, exdirector de la Corporación Región y exfuncionario de la personería Municipal de Medellín.
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